Duplicado de tarjeta SIM fraudulento: ¿es responsable la compañía telefónica?
Lo que pasó
El 2 de septiembre de 2021, una persona llamó a la operadora DIGI haciéndose pasar por un cliente y pidió un duplicado de la tarjeta SIM de su línea. La compañía generó un código para el duplicado y, ese mismo día, el impostor lo recogió en un punto de venta de DIGI, a pesar de no ser el titular. Con el teléfono de la víctima bajo su control, se hicieron numerosas transferencias desde la cuenta bancaria del cliente. En octubre de 2021 la víctima presentó una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Qué decidió el tribunal
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) multó a DIGI Spain Telecom con 70.000 euros por tratar los datos del cliente sin base legal (artículo 6.1 del Reglamento europeo de protección de datos). La compañía recurrió y la Agencia rechazó el recurso.
Las razones:
- Este fraude, conocido como «SIM swapping», consiste en quedarse con tu número de teléfono para recibir los códigos del banco.
- La operadora debe poder demostrar que, en ese caso concreto, siguió sus propios protocolos para comprobar la identidad.
- En la tienda debió comprobarse el documento de identidad original; si se hubiera hecho bien, el duplicado se habría denegado.
- DIGI no explicó qué falló, más allá de culpar al estafador, y no logró acreditar que siguiera su procedimiento.
La multa de la AEPD no devuelve el dinero a la víctima: sirve para sancionar a la empresa. Pero la resolución es una prueba muy útil para reclamar después el dinero al banco o a la operadora, por la vía civil.
Qué hacer si te pasa:
- Si tu móvil se queda de repente sin cobertura, llama a tu operadora desde otro teléfono y pregunta si se ha emitido un duplicado.
- Avisa enseguida a tu banco, bloquea la banca en línea y presenta denuncia ante la Policía o la Guardia Civil.
- Pide por escrito a la operadora cómo y dónde se emitió el duplicado.
- Reclama ante la AEPD y guarda extractos, SMS y la denuncia.
- Para recuperar el dinero, consulta con un abogado o experto en la materia.
Cada caso depende de sus circunstancias y sus documentos.
ℹ Orientación general a partir de una resolución judicial publicada: no constituye asesoramiento jurídico ni crea una relación abogado-cliente. Para tu caso concreto, habla con un abogado.